SAO PAULO (Reuters) - Cuando João Paulo de Oliveira fue despedido en 1980 por Rapistan, un fabricante de bandas transportadoras basado en Michigan, sus problemas apenas comenzaban.

En los años siguientes, la dictadura militar que gobernaba Brasil lo arrestó o detuvo unas 10 veces. Automóviles de la policía pasaban por su casa en los suburbios industriales de Sao Paulo, dijo, y oficiales hacían gestos de cortarle la garganta o le apuntaban con armas.

¿El aparente delito de Oliveira? Ser un organizador sindical en una época en que los militares consideraban las huelgas como equivalentes a la subversión comunista.

"Solía bromear que mi casa era la más segura del barrio, con toda esa policía", dijo Oliveira, ahora de 63 años. "Pero era duro, muy atemorizante, como tortura psicológica", agregó.

Y peor, dijo, los fabricantes locales se negaron a contratarlo por años, citando vagamente su pasado. A otros colegas les ocurrió lo mismo. "Siempre sospechamos que las compañías pasaban información sobre nosotros a la policía", comentó.

"Pero nunca lo supimos con certeza", agregó.

Nueva evidencia sugiere que las sospechas de Oliveira tenían fundamento.

Una comisión designada por el Gobierno que investiga abusos durante la dictadura de Brasil (1964-1985) halló documentos que dice muestran que Rapistan y otras compañías ayudaron en secreto a los militares a identificar sospechosos "subversivos" y sindicalistas en sus planillas. Entre aquellos identificados está Oliveira. No está previsto que el reporte oficial sea publicado antes de diciembre, pero la comisión permitió a Reuters revisar la evidencia que involucra a las firmas a medida que la investigación se acerca a su fin.

Compañías extranjeras y locales están citadas en los documentos, incluidos algunos de los mayores fabricantes de automóviles: Volkswagen AG , Ford Motor Co, Toyota Motor Corp y la unidad Mercedes-Benz de Daimler AG, entre otros.

Ninguna compañía ha sido acusada de un delito. Si colaboraron con la dictadura, y hasta qué punto, está en discusión.

No obstante, activistas de los derechos humanos y algunos trabajadores nombrados en los documentos dicen que podrían presentar demandas civiles u otras acciones legales como resultado de las conclusiones de la comisión.

Algunos trabajadores quieren que las compañías paguen indemnizaciones por salarios perdidos. Otros, como aquellos que dudan que los hallazgos de la comisión sean lo suficientemente concluyentes para un caso judicial, dicen que quedarán satisfechos con una disculpa.

La Comisión Nacional de la Verdad fue creada en el 2012 por la presidenta Dilma Rousseff, una ex militante de izquierda que fue encarcelada y torturada por los militares a comienzos de la década de 1970.

La comisión tiene como tarea aportar nueva evidencia sobre los abusos de la época y quién fue responsable.

La dictadura, que contaba con el apoyo de Estados Unidos, mató a unas 300 personas, y torturó o encarceló a miles, como parte de lo que veía como una lucha para evitar que los izquierdistas convirtieran a Brasil en una versión mucho más grande de la Cuba de Fidel Castro.

Rousseff, quien buscará la reelección en octubre, ha expresado esperanza de que un mayor registro histórico ayudará a asegurar que Brasil, ahora una vibrante democracia y potencia económica emergente, nunca repita los errores de esa época.

Las empresas en general se beneficiaron de las políticas conservadoras de la dictadura. Los académicos han creído por mucho tiempo que compañías locales y multinacionales ayudaron al régimen a identificar empleados que fomentaban la agitación laboral o que representaban una supuesta amenaza a la estabilidad.

Ahora, los investigadores de la comisión descubrieron evidencia que creen prueba esa relación.


"LA LISTA NEGRA"