El Colombian Mauricio junto a su esposa Elizabeth en su vivienda en West Palm Beach.

El Colombian Mauricio junto a su esposa Elizabeth en su vivienda en West Palm Beach. (Cristobal Herrera, Sun Sentinel / January 10, 2012)

Mauricio Orjuela, colombiano indocumentado residente en West Palm Beach, vivía en un infierno.

Aunque no es un criminal, llevaba un dispositivo electrónico (GPS) atado a un tobillo; y enfrentaba una inminente orden de deportación tras no presentarse a una cita con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés).

Las autoridades migratorias de Estados Unidos le habían pedido ya en dos ocasiones que comprara boletos de una vía para abandonar el país. Su caso —no obstante su estatus de casado con una ciudadana estadounidense— parecía perdido.

"Estoy en un infierno horrible", indicó Orjuela, de 29 años, a principios de enero pasado. "Mi esposa llora todos los días. Ella está sumida en una gran depresión porque nos podrían separar".

Aquel caso perdido, sin embargo, ha tomado un giro esperanzador.

Gracias a una hábil estrategia de su abogado, Orjuela podrá permanecer, por el momento, en el país mientras se revisa su caso que, al margen de su matrimonio con una estadounidense, incluye una consideración especial amparada en una nueva política de la Casa Blanca con respecto a los inmigrantes de "baja prioridad".

"En el caso de Mauricio [Orjuela] el ICE ha tomado en consideración ambas cosas: su matrimonio legal con una ciudadana y su récord", sostuvo el abogado del colombiano, Richard Hujber. Ellos [ICE] no quieren separar a las familias. Estamos apelando al aspecto humanitario".

Las dos caras de Obama

En cuestiones de inmigración, Barack Obama puede ser analizado desde dos puntos de vista: como un mandatario cuya política de deportaciones ha resultado en la expulsión de más de 1.2 millones de indocumentados en su gobierno; o como un presidente que apoya el DREAM Act, exige una reforma migratoria integral; y que ha suavizado considerablemente su postura de cara a los inmigrantes sin récord criminal.

Los números no mienten. Sólo el pasado año fiscal, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) deportó a 397,000 indocumentados, la mayoría de origen mexicano.

Por otro lado, la Casa Blanca anunció el año pasado una política de revisión de unos 300,000 casos de personas en lista de espera para la deportación.

Si bien las expulsiones continúan, el gobierno de Obama está ahora dando prioridad administrativa a la deportación de aquellos inmigrantes con antecedentes criminales, y no a las familias que respetan la ley o a los jóvenes estudiantes indocumentados.

Aquí entra el caso de Orjuela.

"Mucha gente está enojada con Obama, pero se debe reconocer que su nueva política ha beneficiado a muchos inmigrantes", dijo Manuel Guerra, indocumentado y activista mexicano de Indiantown (norte de Palm Beach) que también ha sacado provecho de la nueva postura de Washington. "Ya incluso me dieron mi permiso de trabajo. Las deportaciones siguen, pero ya no nos persiguen como antes".

En Denver y Baltimore, por ejemplo, Obama recomendó cancelar los procesos de deportación de más de 1,600 inmigrantes sin permiso de estancia en el país detenidos en aquellas ciudades.

Las recomendaciones ocurrieron después de una revisión de 11,682 casos pendientes que involucran a inmigrantes no encarcelados por autoridades federales, como parte de la promesa del gobierno de enfocar los esfuerzos de deportación en personas que, además de encontrarse sin permiso en la nación, fueran delincuentes y representaran una amenaza a la seguridad nacional o pública.

En Denver, se revisaron 7,923 casos y los funcionarios recomendaron cerrar 1,301 de ellos. En Baltimore, se recomendó el cierre de 366 de los 3,759 casos revisados. En el sur de Florida, estas cifras aun no están disponibles.

A nivel nacional, datos recientes del ICE indican que entre octubre y diciembre de 2011 las deportaciones habían llegado a su nivel más bajo en los últimos 20 años con un 64.8 por ciento.

Luz al final del túnel